El Instituto de Estudios Social Cristianos, ante el debate actual sobre la pena de muerte para las personas que cometan el delito de violación de menores acompañado de muerte, queremos expresar nuestra adhesión y apoyo a lo expresado por el Episcopado Peruano en su mensaje del 7 de septiembre del presente, titulado “He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10).

En primer lugar, queremos manifestar nuestro pesar y solidaridad con todas las víctimas de estos lamentables delitos, a los menores que han sufrido algún tipo de agresión sexual, a sus familiares y amigos. No hay palabras ni sanciones posibles que puedan remediar y resarcir un daño tan inhumano como este, en el cual la sociedad en su conjunto se siente agredida. Pero justamente, por lo extremo del delito, por el inefable dolor que causa, por lo particular del agresor (la mayoría de ellos cercanos al entorno familiar de la víctima, con algún trastorno de la personalidad, etc.), no debemos caer en un círculo de la violencia que pretende responder a una agresión con otra agresión, a una barbarie con otra barbarie, a una muerte con otra muerte.

En estos momentos, en que tanto la sociedad civil como las organizaciones políticas de nuestro país, se encuentran debatiendo un tema tan delicado y doloroso para toda la sociedad peruana, debemos aportar el máximo de reflexión y ponderación, ya que el objetivo que todos buscamos no es sólo el castigo ejemplar para los que cometan estos delitos, sino y sobre todo, evitar que se vuelvan a cometer.

En este sentido creemos que se está confundiendo la ‘prevención' de un delito (que es social) con la ‘disuación' del delito (que es penal), y se busca como única herramienta posible de ‘prevención' implantar la pena capital en nuestro país como si ella fuera a evitar la comisión de este tipo de delitos. Está comprobado que la sanción de un delito no lo inhibe necesariamente y menos aún lo elimina; máxime, si es que se ve a la pena de muerte como la única medida para evitar que se presenten estos hechos lamentables. Como bien afirman los obispos del Perú:

La experiencia de otros lugares demuestra que la extensión a la muerte de la ley penal como solución vindicativa ante la comisión de un delito tan grave como la violación y muerte de un niño no resuelve el problema, y nos empujaría peligrosamente al ‘ojo por ojo y diente por diente' con la gravedad que no va a erradicar el mal, nunca logrará una verdadera reparación del daño, tampoco la expiación del crimen cometido, y proclamaría que nuestra sociedad, a pesar de los medios avanzados que dispone, no sería capaz de lograr la corrección del culpable.

Finalmente, queremos ratificar nuestra posición acerca del valor supremo de la vida, y su primacía e inviolabilidad por sobre todas las cosas. Asimismo, adhiriéndonos a las palabras de los Obispos del Perú: “Invocamos a las autoridades competentes, lo mismo que a los actores sociales y políticos, a no convertir tan delicado y complejo tema de la pena de muerte en un asunto de carácter político.”

Lima, 25 de setiembre de 2006.

CONSEJO DIRECTIVO:

Armando Borda Herrada, DNI 08268220

José Luis Pérez Guadalupe, DNI 07780573

Francisco Belaunde Matossian, DNI 08221244